Análisis clave: Impulso a la madurez del sector cripto, validación institucional a nivel estatal, apertura a importantes movimientos de capital y establecimiento de un nuevo fondo estratégico para la acumulación de criptomonedas.
El 7 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite que los planes 401(k) inviertan en una gama más diversa de activos, incluyendo por primera vez capital privado, bienes inmobiliarios y criptoactivos.
La medida es clara y fácil de interpretar.
En el ámbito cripto, este avance es especialmente relevante.
Si revisamos la historia del plan 401(k), el punto crítico se produjo durante la Gran Depresión, cuando las reformas permitieron incorporar acciones a la cartera. Aunque el contexto actual y el de aquel entonces difieren, la tendencia hacia la inclusión de criptoactivos presenta claros paralelismos con aquellos cambios estructurales.
En las primeras décadas del siglo XX y hasta la década de 1920, la mayoría de los planes de pensiones en Estados Unidos se basaban en el plan de prestación definida, por el que las empresas garantizaban a sus empleados jubilados el cobro de una pensión mensual estable. Este modelo, surgido de la industrialización de finales del siglo XIX, estaba diseñado para captar y retener talento.
Durante este periodo, las inversiones de los fondos de pensiones seguían criterios extremadamente prudentes. Predominaba la idea de primar la seguridad por encima de la rentabilidad, y la regulación, como la lista legal, limitaba las inversiones a activos de bajo riesgo como bonos públicos, bonos corporativos de máxima calificación crediticia y deuda municipal.
Este modelo favorecía la estabilidad en etapas de crecimiento económico, pero limitaba los rendimientos potenciales de los fondos.
El crack bursátil de octubre de 1929 supuso el inicio de la Gran Depresión: el Dow Jones perdió casi el 90% de su valor desde máximos, provocando una crisis económica global. El desempleo alcanzó el 25% y miles de empresas desaparecieron.
Pese a que los fondos de pensiones apenas invertían en renta variable, la crisis les afectó indirectamente. Muchos empleadores quebraron y no pudieron cumplir con los pagos de pensiones, lo que llevó a la suspensión o recorte de las prestaciones.
Esta situación generó inquietud pública acerca de la capacidad de empresas y administraciones para gestionar las pensiones, motivando la intervención federal. En 1935, la Ley de Seguridad Social instauró un sistema nacional de pensiones, aunque la gestión de los fondos públicos y privados continuó siendo principalmente local.
En esa fase, los reguladores insistían en que los planes de pensiones debían evitar activos especulativos como las acciones.
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Cambio decisivo: Tras la crisis, la recuperación económica fue lenta y los rendimientos de los bonos cayeron (en parte por las subidas de impuestos federales), lo que puso de manifiesto la insuficiencia estructural de las rentabilidades para cubrir las obligaciones de pago.
Después de la Gran Depresión—especialmente durante y tras la Segunda Guerra Mundial (1940-1950)—las políticas de inversión en los fondos de pensiones evolucionaron gradualmente, pasando de una orientación conservadora hacia los bonos a admitir activos de renta variable. El proceso generó controversia y fuerte oposición.
A pesar de la recuperación económica posterior a la guerra, el mercado de bonos municipales permanecía estancado y los rendimientos apenas llegaban al 1,2%, lo que imposibilitaba alcanzar las rentabilidades exigidas por los fondos. Los déficits en los fondos públicos crecían y aumentaban la presión fiscal sobre los ciudadanos.
En paralelo, los fideicomisos privados empezaron a aplicar la norma del inversor prudente, basada en la legislación fiduciaria decimonónica pero reinterpretada en los años 40 para permitir inversiones diversificadas y más rentables, siempre bajo criterios de prudencia. Inicialmente se aplicó solo a fideicomisos privados, pero pronto influyó también en los fondos públicos de pensiones.
En 1950, el estado de Nueva York fue pionero en aplicar parcialmente la norma del inversor prudente, permitiendo invertir hasta el 35% del patrimonio de pensiones en acciones. Esto marcó la transición de listas legales cerradas a esquemas de inversión más flexibles. Otros estados se sumaron: Carolina del Norte autorizó bonos corporativos en 1957 y permitió una asignación en acciones del 10% en 1961, que subió al 15% en 1964.
La reforma suscitó polémica. Actuarios y sindicatos alertaban sobre el riesgo de repetir la debacle de 1929 y pondrían en peligro los ahorros de los jubilados. Medios y políticos advertían sobre el riesgo de invertir fondos de pensiones en los mercados, alertando de posibles colapsos durante crisis bursátiles.
Para aplacar estas preocupaciones, la exposición a acciones se limitó estrictamente (inicialmente al 10–20%) y se centró en valores consolidados (“blue chips”). Con el tiempo y el ciclo alcista de la posguerra, los beneficios de la renta variable se evidenciaron y el debate perdió intensidad.
En 1960, más del 40% de los activos de las pensiones públicas se invertían fuera de deuda gubernamental. En Nueva York, la proporción de inversiones en bonos municipales cayó del 32,3% en 1955 al 1,7% en 1966. Esto redujo la carga fiscal para los contribuyentes, pero incrementó la exposición de los fondos de pensiones al riesgo de mercado.
La Employee Retirement Income Security Act de 1974 (ERISA) extendió el criterio de inversor prudente a las pensiones públicas. Aunque inicialmente fue controvertida, la inversión en acciones acabó consolidándose, si bien crisis como la de 2008 volvieron a impulsar el debate.
La inclusión de criptoactivos en los planes 401(k) reproduce el debate surgido en su día con la renta variable: ambos casos representan el tránsito desde activos conservadores a otros más arriesgados. Las criptomonedas, sin embargo, son aún menos maduras y más volátiles que las acciones de entonces, lo que convierte la reforma en una apuesta audaz. Hay varias señales relevantes:
La promoción, regulación y formación sobre criptoactivos se intensificarán, lo que favorecerá una mayor sensibilización pública sobre esta nueva clase de activos y sus riesgos específicos.
En el plano de mercado, la incorporación de acciones a los fondos de pensiones promovió el ciclo alcista prolongado de la Bolsa estadounidense. Para que las criptomonedas alcancen una evolución similar, deberán registrar tendencias alcistas continuadas. Además, los fondos 401(k) quedan bloqueados,
por lo que las compras de criptoactivos por fondos de pensiones representan una acumulación estratégica—creando una nueva reserva institucional de criptomonedas.
En cualquier caso, esto supone una ventaja significativa para el sector cripto.
El siguiente contenido es complementario. Los profesionales pueden omitir esta sección.
El plan 401(k) es un plan de ahorro para la jubilación promovido por el empleador, regulado por la Sección 401(k) del Código de Rentas Internas de EE. UU., creado en 1978. Permite a los trabajadores destinar una parte de su salario bruto (o, según el plan, neto) a cuentas individuales para el ahorro y la inversión a largo plazo orientados a la jubilación.
El plan 401(k) es un plan de aportación definida; a diferencia de los planes tradicionales de prestación definida, aquí tanto los trabajadores como las empresas contribuyen, y todos los rendimientos o pérdidas recaen exclusivamente en el empleado.
Los empleados pueden optar por diferir parte de su nómina como aportación al plan 401(k), que se deposita en su cuenta individual de ahorro para la jubilación. Los empleadores pueden ofrecer contribuciones complementarias, según sus políticas internas, aunque no están obligados.
El plan 401(k) no es un fondo colectivo, sino una cuenta individual gestionada por el trabajador. El empleado invierte su saldo en las opciones que el empleador ha seleccionado previamente. Las más habituales incluyen fondos indexados al S&P 500, fondos de bonos y fondos equilibrados. Tras la orden ejecutiva de 2025, también se permiten inversiones en capital privado, bienes inmuebles y criptoactivos.
El trabajador elige su propia cartera de entre las opciones disponibles o acepta la predeterminada. El empleador facilita las alternativas de inversión pero no se responsabiliza de las decisiones individuales.